La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación. Tras un intenso trabajo de elaboración y un amplio proceso participativo que ha durado casi un año, esta estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado ofrece un Decálogo de Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, y 291 líneas de actuación, poniendo a disposición de quienes estén interesados en su implementación, un verdadero “menú a la carta” para que puedan elaborar sus propios Planes de acción. Todo ello desde una amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño y población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.

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Para una planificación adaptada a nuestras condiciones específicas será necesario priorizar y seleccionar los objetivos de acuerdo a determinados criterios. Entre estos, la guía Getting Started with the SDGs in Cities, elaborada en 2016, propone: 1) metas que sean relevantes para el territorio y factibles teniendo en cuenta las capacidades locales; 2) objetivos y metas que estén alineados con las responsabilidades del Gobierno local; 3) priorización de las metas en función de la urgencia de las brechas identificadas mediante un análisis basado en la evidencia empírica. Todo este proceso presenta una complejidad en la que una administración local como la nuestra se enfrenta a diferentes retos, tales como limitaciones de carácter técnico, financiero e institucional, burocracia, modus operandi establecidos difíciles de modificar, etc. La capacidad de movilización de los diversos actores públicos y privados en procesos de creación conjunta de políticas innovadoras es crucial para una efectiva implementación de la Agenda 2030.

La necesidad de mantener la implicación y movilización ciudadana se extiende al proceso de evaluación de resultados y rendición de cuentas. La implementación de las políticas exige un seguimiento continuo y mecanismos de retroalimentación para el aprendizaje que permita una adaptación de las políticas a la evolución de las circunstancias y los cambios de desarrollo.